“Llegué a pensar en acabar con mi vida por las dichosas tarjetas”.

Marta P. (no es su auténtica identidad) nos cuenta el auténtico calvario que ha vivido desde hace casi 10 años y que ahora, con la sentencia del Supremo, podría tener fin.

Marta fue una víctima más de la adversidad económica que afectó a tantísimas personas, familias y empresas entre 2008 y 2013, momento álgido de la crisis.

Dicen que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y así parece que pasó. Con 45 años su pareja la dejó sola con las dos hijas menores. 

En pleno verano del 2008, deambulando por la calle y haciendo cábalas para llegar a fin de mes y afrontar la vuelta al cole en septiembre fue interceptada por un joven que le ofreció la solución a sus problemas. Con portafolio en mano le vendió la posibilidad de cambiar su vida aceptando una tarjeta de crédito con un fondo de 2.000 euros, a pagar en “cómodos plazos”, sin más requisito que una fotografía de su DNI y una cuenta bancaria.

“Me preguntó si trabajaba y cuánto ganaba. Como le pareció poco la cifra, me dijo que era mejor cambiarla, que no iba a pasar nada”. Y firmó. Y con ello se convirtió en una deudora cautiva.

“Por mucho que pagara la deuda siempre crecía más, estaba pagando cerca de un 30% de intereses. Cuando me ponía en contacto con la empresa financiera me decía que si no la usaba la deuda también crecía, que era mejor que moviera la tarjeta. Lo que fueron 2.000 pronto se convirtió en 6.000”, comenta Marta, señalando que en 2011, viendo que era imposible acabar con la deuda y que el acoso no cesaba decidió dejar de pagar y que la llevaran a tribunales. 

“Recibía una llamada cada 3 minutos. Si no lo cogía volvían a llamar, así día y noche. Rastrearon mis datos y comenzaron a llamar a familiares y vecinos de la zona, incluso me amenazaban con ir a mi trabajo. A todos le decían que era una “morosa”. En aquellos momentos me quería morir y, para colmo, en 2011 me quedé en paro, trabajaba en un bazar-ferretería que quebró”. 

Su deuda fue vendida de una empresa financiera a otra. Finalmente una la denunció. Su abogado de oficio le advirtió que era una víctima más de las tarjetas “revolving” y de la usura.

Ahora Marta ve una salida a esta pesadilla, conocida la sentencia del Tribunal Supremo que ha sentado jurisprudencia al anular una tarjeta de crédito, sentenciando que las tarjetas de crédito que conlleven para el cliente un tipo de interés superior al precio normal del dinero y claramente desproporcionados son usurarias y deben ser anuladas, abriendo con ello la puerta a reclamaciones masivas.

Si el hecho en sí ha tenido como protagonista principal a la entidad financiera Wizink, lo cierto es que son muchísimas las empresas de este tipo que pueden ser objeto de reclamación.

Las tarjetas revolving son una modalidad de tarjetas de crédito que, por su modalidad de pago y sus altos intereses, que rondan un por medio del 19,67%  (bastante alejado del 6,66% que los bancos aplican de media a los créditos al consumo, teniendo en cuenta los datos del Banco de España), mantienen al cliente durante muchísimos años pagando el crédito del crédito, convirtiéndose en deudores cautivos. Este tipo de producto financiero está dirigido a personas que, por diferentes circunstancias económicas, no pueden optar a un crédito normal.

Esta modalidad de crédito rápido a través de estas tarjetas no contempla estudios de financiación ni capacidad de pago del usuario por lo que la banca, al no haber garantías, estable un interés de media del 20%.

En la sentencia fijada, el Supremo considera que “no puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito concedidas de modo ágil, porque la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico”.