Las entidades bancarias tendrán que cumplir la Ley y disminuir las comisiones bancarias en economías vulnerables

Tener una cuenta bancaria no es solo una necesidad sino, además, un derecho.

A  casi nadie se le escapa que, para cualquier trámite -sea con la administración, comercios o de cualquier otra índole-, es necesario, casi obligado, contar con una domiciliación bancaria. Nos han obligado, como sociedad, a hacer negocio a la banca. Es así y punto. 

Pero no a cualquier precio...

Si a esto le sumamos la digitalización de las entidades financieras ya es un "apaga y vámonos" porque no solo nos cobran por los servicios prestados  sino que, la mayoría de estos, nos lo tenemos que autorealizar a través de móviles o cajeros y pagar como si nos lo hicieran otros.

Yendo por partes: 

-nos obligan a usar cajeros pero nos cobran una media de 36 euros por la tarjeta.

-somos nosotros los que debemos acceder a nuestra cuenta y buscarnos la vida para realizar las gestiones, devolver recibos o domiciliar facturas, entre otras acciones... pero nos cobran una media que oscila entre los 15 y 60 euros cada tres meses. Esto es, entre 60 y 240 euros anuales  por obligarnos a tener una cuenta en la entidad financiera, euro arriba euro abajo sea una u otra. Casi todas las entidades financieras han adoptado los mismos acuerdos.

Y claro, con estos precios y estos "sablazos" en comisiones, muchísimas personas -sobre todo las de economía más vulnerable-, han cancelado cuentas y han quedado fuera del sistema

¿Y qué pasa si estas personas desean acceder a una beca de estudios, por ejemplo? (Oiga, que ser pobre no está reñido con ser inteligente) Pues pasa que esta persona no podrá pedir beca porque no tiene donde domiciliarla

¿Y qué pasa si esta persona tiene derecho a recibir un subsidio de desempleo o paga no contributiva? Pues, o que pasa por caja y deja gran parte de lo que cobra en comisiones bancarias, o se queda sin recursos... Injusto, ¿verdad?

Pero aquí va la buena noticia: Europa ha recordado que tener una cuenta es un derecho de todo persona para la integración social. La Comisión Europea, a través de la Directiva de Cuentas de Pago, garantiza que "cualquier persona de la Unión Europea tenga derecho a disponer de una cuenta bancaria que permita realizar transferencias y pagos y tener una tarjeta de débito". 

Así lo ha recordado el Parlamento de Canarias, apoyando por unanimidad una PNL presentada por el diputado Manuel Marrero (grupo parlamentario Sí Podemos Canarias), para  impulsar y fomentar el acceso a cuentas básicas bancarias a la población canaria más vulnerable.

Marrero ha insistido en recordar que ya existe un Real Decreto de 2019, aprobado por el Gobierno estatal,  el que “se establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera”.

Dicho Real Decreto establece comisiones máximas de tres euros para la posesión y gestión de estas cuentas, así como la gratuidad de las mismas, cuando se reúnan condiciones de especial vulnerabilidad, prohibiendo a las entidades bancarias exigir cualquier tipo de comisión, pues su objetivo es “garantizar estos servicios a las personas más vulnerables, para que ningún ciudadano se quede fuera del sistema financiero, estableciendo criterios semejantes a los que se aplican para el acceso a la justicia gratuita”.

“El desconocimiento sobre la existencia de estas cuentas bancarias básicas es manifiesto”, afirmó Marrero, y añadió el hecho de que la propia Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud tuvo “buscar  herramientas alternativas para que aquella población más vulnerable que carecía de cuentas bancarias pudiera ejercer su derecho a la prestación” del Ingreso Canario de Emergencia y la adaptación de la Prestación Canaria de Inserción al Ingreso Mínimo Vital”.

Al respecto, afirmó que las dificultades que se han presentado “constituyen obstáculos para el disfrute del derecho a la ciudadanía canaria de acceso a otros servicios administrativos y económicos” y, por este motivo, “es fundamental una colaboración y cooperación entre las entidades bancarias y la administración autonómica, dando respuesta a las necesidades de la población”.

Para finalizar,  recordar que ya sabemos de la injusticia y de la Ley para corregirla. Ahora solo falta voluntad de exigir por parte de la administración y de cumplir por parte de las entidades bancarias.